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PSD2 Objetivos y estado
Con PSD2 Objetivos y estado concluimos la serie de artículos al hilo del Informe Open Banking 2019. Publicado por Finnovating el pasado Diciembre.
En el entorno europeo, el Open Banking está recogido bajo la directiva PSD2, que regula los servicios de pago. Tras PSD1, que introdujo el concepto de instituciones de pago y del de SEPA (Área Única de Pagos en Euros), surge PSD2, que exige a las instituciones financieras que operan en los mercados europeos la apertura de sus servicios a terceros proveedores, denominados TPP (Third Party Payment Service Providers).
Esta directiva tiene por objeto fomentar la competencia y la innovación en la prestación de servicios de pago en el Espacio Económico Europeo mediante la apertura del acceso a cuentas a entidades no bancarias, al mismo tiempo que persigue homogeneizar los servicios de pago regulados.
PSIP y AISP
PSD2 introduce dos tipos de nuevos servicios en su ámbito de aplicación de licencias: los servicios de iniciación de pagos y los servicios de información de cuentas. Los nuevos actores del sector financiero que tengan la intención de ofrecer estos servicios se denominarán en lo sucesivo “Terceros Proveedores» (TPP).
Estos terceros proveedores son:
- Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISP). Tienen la potestad de poder realizar los pagos directamente desde la cuenta bancaria del cliente una vez se ha obtenido su aprobación.
- Proveedores de Servicios de Información de Cuentas (AISP). Proveedores que entregan información de cuentas y la agregan cuando el cliente así lo ha autorizado.
Estado de PSD2
Esta directiva tenía como fecha límite de trasposición en todos los países de la Unión Europea el 13 de enero de 2018. En el caso de España, esta directiva se traspuso a través del Real Decreto Ley 19/2018 el 23 de noviembre. No obstante, la directiva otorgaba una moratoria de 18 meses para la aplicación de las obligaciones de autenticación reforzada de cliente. Si bien dicha obligación es de aplicación desde el pasado 14 de septiembre, ante la falta de adaptación, las autoridades competentes europeas han concedido un aplazamiento hasta el 31 de diciembre de 2020 para la plena aplicación de la norma de pagos PSD2, en términos de requerimientos de seguridad y autenticación.
España fue de los Estados miembros que más tarde traspusieron la directiva, siendo ya de aplicación en otros países como Italia, Alemania y Francia desde 2017.
En Bélgica se publicó una trasposición de la directiva en marzo de 2018. En el caso de Países Bajos la normativa se introdujo en febrero de 2019.
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